La situación de la tierra en nuestro país corre un grave peligro jurídico ya que las leyes y decretos que ha dictado el Gobierno recientemente, exigen requisitos que no están contemplados en la Constitución, son algunos de los puntos analizados por Fernando Asturizaga, asesor de tierra para la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo).
Asturizaga, quien fuera vice ministro de Tierras en el Gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé, dijo que el 80 por ciento del territorio productivo de nuestro departamento está en peligro. Esto debido a la ley de reconducción comunitaria dictada el 2 de agosto del 2007. Esta ley establece que todas las tierras y todos los productores del departamento deben tener una actividad compatible con el uso del suelo.
El plan de uso de suelo en Santa Cruz fue establecido en el año 1985 y desde esa fecha hasta ahora, el uso de suelo ha variado en reiteradas ocasiones y que actualmente los requisitos que pide el Gobierno “están fuera de la constitución actual, fuera de toda norma y fuera de tratados internacionales de protección de derechos humanos”.
Según Asturizaga, el Decreto Supremo 29802 crea un nuevo concepto de servidumbre. Esto significa de que “por ejemplo un productor agropecuario que tiene trabajadores y que les ha estado pagando sagradamente su salario pero que no les ha hecho firmar una planilla de sueldo, un recibo, entonces no tiene cómo acreditar el pago.
El Gobierno entiende que por esa falta de recibo, de planilla el productor lo está esclavizando”.
Sobre el Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA dice que está tomándose la facultad de ser juez y que según el artículo 31 de la constitución política que dice que son nulos todos los actos de los que ejercen funciones que no emanan de una ley de la república.
Según el analista, estas acciones del Gobierno las está aprovechando esta situación para hacer campaña y que no es de extrañarse que cuando llegue la crisis económica a nuestro país, el Presidente empiece a usar la tierra como instrumento político para ganar más seguidores.
– ¿Cuál es la situación de las tierras en el departamento?
– Tenemos en la parte agrícola de Santa Cruz, una superficie anualmente sembrada de dos millones de hectáreas. El 80% de esta superficie estaría peligrando en su seguridad jurídica por efecto de la ley de reconducción comunitaria, dictada por el Gobierno en el 2006 y el reglamento del Decreto Supremo 29215 que fue dictado el dos de agosto del 2007 y por el cual establece que todas las tierras y todos los productores del departamento de Santa Cruz deben tener una actividad compatible con el uso del suelo. Como el plan de uso del suelo del departamento de Santa Cruz fue hecho el año 1985, desde aquel momento a la fecha el uso de la tierra ha cambiado muchísimo. Entonces si tomamos en cuenta esa norma del año 85 y la pretendemos aplicar ahora, el próximo año vamos a poder establecer que entre el 80 y el 85 % de los productores agrícolas del departamento de Santa Cruz caerían en la ilegalidad por estar supuestamente en áreas de vocación predominantemente forestal situación que ya no es así. Por ejemplo en el municipio de San Pedro, que es en buena medida un municipio agrícola, de acuerdo a esa norma que los productores agricultores estarían haciendo una actividad forestal.
Entonces lo que tenemos con la ley de reconducción comunitaria es extrema inseguridad, sumado al hecho que en noviembre del año 2007, el Gobierno nacional a emitido una resolución ministerial que ha sido emitido a rango de Decreto Supremo hace más o menos una semana el Decreto Supremo 29802, por el cual se hace un nuevo concepto de servidumbre, de esclavitud. Esto significa de que por ejemplo un productor agropecuario que tiene trabajadores y que les ha estado pagando sagradamente su salario pero que no les ha hecho firmar una planilla de sueldo, un recibo, entonces no tiene cómo acreditar el pago.
El Gobierno entiende que por esa falta de recibo, de planilla el productor lo está esclavizando y lo está reduciendo a una condición de siervo y por tanto por más que la tierra esté trabajada se la quitan. Entonces estas situaciones que están además ratificadas en el proyecto de constitución crean extrema inseguridad jurídica a los productores agropecuarios en Santa Cruz.
– El Presidente ha dicho que va a revertir las tierras para dárselo a los indígenas. ¿Cómo se entiende eso?
– En primer término, nadie está en desacuerdo que la tierra que no está trabajada se la entregue a indígenas, a campesinos que no tienen tierra y que la necesitan. Pero el gran problema del sector productivo cruceño es que se pretende revertir tierra trabajada, tierra que está siendo producida inventándose requisitos que están fuera de la constitución actual, fuera de toda norma y fuera de tratados internacionales de protección de derechos humanos.
Y nosotros repetimos, ningún productor puede estar de acuerdo con que haya esclavitud o servidumbre en el campo, pero una cosa muy diferente es cuando el Gobierno establece situaciones absurdas para decir que esclavitud es no tener un recibo de pago o por ejemplo cuando el productor, el dueño de la tierra se hace padrino del hijo de su trabajador eso también es una situación por la cual se ha regulado que eso es una prueba de esclavitud o servidumbre.
Entonces por ese motivo se le quita la tierra. Son elementos totalmente ilegales, inconstitucionales porque además al INRA se le está pasando la facultad de ser juez, juez laboral o juez penal. El INRA es una institución que depende de poder ejecutivo, entonces se le está atribuyendo funciones que le corresponden a un juez penal o un juez laboral y ya ese solo hecho vulnera al artículo 31 de la constitución política que dice que son nulos todos los actos de los que ejercen funciones que no emanan de una ley de la República.
– ¿El Gobierno está haciendo campaña con las tierras?
– Nosotros creemos que está haciendo y va a seguir haciendo campaña con la tierra. ¿Porqué? La siguiente relocalización minera ya se está dando con este Gobierno. La caída del precio de los minerales va a hacer que mucha gente pierda su trabajo en las minas y la vía mas fácil para cubrir este aspecto va a ser: Las tierras en el oriente.
Segundo, con el cierre del Atpdea mucha gente del Alto también se va a quedar sin trabajo, muchas fábricas se van a cerrar y también ahí la respuesta sencilla del Gobierno va a ser: Les vamos a dar tierras en el oriente boliviano.
A eso también tenemos que sumar que en febrero del año 2009 se cierra la importación de ropa usada muchas familias que viven de esa venta de ropa usada seguramente también se quedarían sin empleo y seguramente también se les va a ofrecer tierra.
Entonces nosotros creemos que se está haciendo campaña y se va a seguir haciendo campaña con la tierra.
– ¿Por qué ha vuelto el tema de Caraparicito?
– Porque no es casual que el día siguiente de que haya sido emitido el Decreto Supremo que regula la servidumbre y esclavitud en el campo se haya vuelto a esas tierras, parece que todas esas tierras están siendo legalmente trabajadas, entonces la vía mas sencilla para poder revertirlas, para poder quitarlas a los propietarios es decir que hay esclavos en ese lugar, y por esa vía sancionarles. Nosotros creemos que hay esa relación. Se ha dictado ese decreto, como se ha visto que la tierra está trabajada entonces la vía más sencilla es decir: Hay esclavos, para quitar la tierra a los productores.
¿Debería el Estado comprar tierras para darle a los indígenas?
Nosotros el año 2005 cuando yo tuve la oportunidad de ser el titular del Viceministerio de Tierras durante el Gobierno del Dr. Rodríguez Veltzé, aprobamos un programa por el cual se establecía un mecanismo de distribución de la tierra, no por regalo, no por dotación sino a través de la compra, porque está aprobado, en gran parte del mundo de que cuando el productor adquiere su tierra, cuando la compra, entonces la cuida más, la preserva más, la utiliza mejor, e invierte más en ella. Entonces nosotros creemos que un mecanismo adicional a la dotación de tierras sería la compra de tierras, es decir que el productor ponga algo de sus recursos para poder adquirir la tierra, que no sea la tierra simplemente regalada. Ese es un tema que nosotros reclamamos en la propuesta de nueva constitución.
¿Hasta cuándo se va a seguir peleando por tierras?
Mientras sigamos con este asunto de la lucha de clases mientras, sigamos creando problemas entre la gente del campo y de la ciudad, entre ricos y pobres, entre campesinos y citadinos, la lucha por la tierra va a seguir. Y mientras establezcamos diferencias entre ciudadanos de primera y de segunda como hace el proyecto de constitución, va a seguir el problema. El proyecto de constitución establece que la tierra que va haber en Bolivia, fiscal y libre, solamente van a ser dotadas a campesinos indígenas y originarios, ¿por qué el resto de la población mestiza nacida aquí en este país no va a tener derechos, ni ellos ni sus hijos a tener tierra aquí en su propio país?
Entonces mientras sigan habiendo este tipos de discriminaciones que el Gobierno llama positivas y que nosotros creemos que no son nada positivas, va a seguir habiendo este problema de la tierra.
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