domingo, 3 de julio de 2011

Seguridad alimentaria depende de políticas públicas efectivas



El presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Wilfredo Rojo, aseguró que la seguridad alimentaria en el presente año, está condicionada a la aplicación de políticas públicas, como el acceso al crédito, seguridad jurídica y adelantos tecnológicos con el uso de semillas transgénicas.



Los ejecutivos del IBCE, además del presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) Demetrio Pérez, visitaron en la víspera las instalaciones de EL DIARIO, donde en una reunión con el Gerente General del Decano de la Prensa Nacional, Jorge Carrasco Guzmán, hicieron conocer sus planes de trabajo para la presente gestión.



Según el presidente del IBCE, existe marcado interés en trabajar por la seguridad alimentaria de Bolivia y el mundo. “Hay una producción de oleaginosas que en un 80% son exportados a los mercados externos y un 20% se queda en el país; sin embargo, si queremos que los agricultores e industriales bolivianos sean competitivos en los mercados, debemos facilitarles los medios tecnológicos suficientes, como es el caso de la semilla transgénica”, precisó.



ESCENARIO REGIONAL
Actualmente, dijo la competencia es Brasil, país que cuenta con el 75% de producción transgénica y la Argentina tiene casi el 100%. “En el mundo tenemos más de 17 millones de hectáreas sembradas con productos transgénicos en la producción de maíz y otras oleaginosas”, agregó.
En criterio de Rojo no se puede desconocer que mientras otros países se benefician con los adelantos tecnológicos, un importante sector de los productores en Bolivia no puedan acceder a estos recursos, por lo que continuarán insistiendo en el uso de las semillas transgénicas.



BANDA DE PRECIOS
Con relación a la banda de precios de algunos productos que el Ejecutivo está elaborando, advirtió que la política del Gobierno es preocupante porque en definitiva obstaculizará el desenvolvimiento del sector productivo.
“Nos preocupa la implementación de una banda de precios, si nos piden garantizar el abastecimiento del mercado interno es aceptable, pero no es aconsejable que Estado se meta con la estructura de costos”, dijo.



En este sentido, adelantó, que insistirán en la reformulación de estas disposiciones, con la finalidad de optimizar el trabajo de los productores en el país. “Se tienen que estructurar precios con objetividad y según la estructura competitiva, que debe tener un país. Vamos a seguir insistiendo con relación al tema de la banda de precios”, adelantó.



TRES CONDICIONES
Entretanto, el presidente de la ANAPO, Demetrio Pérez, manifestó el interés de los sectores productores de contar con los beneficios de los adelantos tecnológicos.
Para Pérez el uso de las semillas transgénicas es una herramienta indispensable para el desarrollo productivo. “Hemos hecho conocer al Gobierno esta posición, a través de una propuesta, donde establecimos claramente tres puntos: la seguridad jurídica, el acceso a créditos y el empleo de los adelantos tecnológicos”.



Entretanto, el Gerente General del IBCE, Gary Rodríguez, sostuvo que el Estado debería abocarse a normar las acciones productivas en el país, a través de políticas públicas y leyes, trabajando más estrechamente con los productores y empresarios, para impulsar mecanismos que favorezcan la competitividad en los mercados internos y externos. “Nosotros creemos que el Estado debe propiciar tareas de incentivo a la producción y crear las condiciones suficientes para que un inversor ejecute su proyecto y asuma los riesgos en este campo”, precisó.



Respecto a la seguridad jurídica, señaló, que su inexistencia pone a la inversión privada en incertidumbre, lo que no permite garantizar los mercados internos y externos; asimismo, pone en duda la generación de políticas de protección a las inversiones.