Gobierno dice que extranjeros ocupan tierras en 5 provincias

El Poder Ejecutivo aseguró ayer que ciudadanos extranjeros, especialmente brasileños, ocupan tierras en cinco provincias de Bolivia ubicadas en la región amazónica y que en muchos casos se encuentran dentro de la franja fronteriza donde está prohibido por la Constitución Política del Estado (CPE). El viceministro del sector, Alejandro Almaraz, explicó a La Prensa que ciudadanos brasileños tienen tierras en las provincias Ángel Sandóval, Germán Busch e Ignacio de Velasco, en Santa Cruz; Iténez, en Beni, y Abuná, en Pando. Se presume incluso que también se extendieron al norte de La Paz. El viceministro Almaraz explicó a La Prensa que el Gobierno está preocupado por esa ocupación que pondría en riesgo la soberanía del Estado y que, de verificarse casos específicos, las personas serán desalojadas de los predios. De acuerdo con el artículo 25 de la Constitución, “dentro de los 50 kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por ningún título, suelo ni subsuelo, directa o indirectamente, individualmente o en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, la propiedad adquirida, excepto el caso de necesidad nacional declarada por ley expresa”. Almaraz divulgó esos datos al día siguiente de que denunciara tres casos de tráfico de tierras en Beni por 187.000 hectáreas, dos de los cuales involucran a empresarios brasileños y a miembros de la comunidad menonita, quienes a través del fraude y la alteración de documentos —posiblemente propiciada por bolivianos— se hicieron con 27.000 y 85.000 hectáreas, respectivamente. Almaraz señaló que aún no se tiene detallada la cantidad de hectáreas en manos de extranjeros ni el número de familias que las ocupan. Sin embargo, anticipó que se tendrá esa información una vez que concluya el Censo Agropecuario Nacional que impulsa el Ministerio de Desarrollo Rural. La autoridad precisó que, no obstante, se sabe del asentamiento de unas 130 familias de campesinos pobres de Brasil en Pando, las que con colaboración del Gobierno del país vecino serán reasignadas a otros predios en Bolivia que no sean objeto de observación. Este diario consultó al respecto con funcionarios de la Embajada de Brasil en Bolivia, quienes aseguraron que hoy darán a conocer su posición. Almaraz precisó también que en las tres provincias identificadas en Santa Cruz habitan más brasileños potentados que pobres, quienes supuestamente adquieren terrenos “usando gente del lugar como palos blancos”. Hace un mes, la Superintendencia Agraria denunció que extranjeros y miembros de la comunidad menonita detentan grandes extensiones de tierra en Bolivia. Almaraz admitió que existe una considerable presencia de menonitas que ocupan tierras, pero que muchos de ellos, por la descendencia, ya son bolivianos. El Viceministerio de Tierras ratificó que emprenderá una agresiva política de saneamiento para verificar la tenencia de los predios y el cumplimiento de la función económica social (FES) y que el proceso iniciará en la localidad cruceña del Mutún y terminará por Puerto Quijarro. Romero no sabe cuántas hectáreas tiene El senador suplente del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) Fernando Romero Pantoja negó ayer que esté vinculado a tráfico de tierras en Beni tal como había denunciado el viceministro del área, Alejandro Almaraz, y atribuyó la denuncia a “móviles políticos” contra el Estatuto Autonómico de esa región. “Quiero anunciar que vengo de una familia con una tradición ganadera con más de 40 años en el Beni, soy la tercera generación que venimos trabajando, por eso es que de alguna manera tengo casi la seguridad de que el anuncio y las denuncias que han hecho contra mi familia deben ser con un propósito de chantaje y para ir en contra de los estatutos autonómicos, para estar en contra de la autonomía de Beni”. Según la denuncia de Almaraz, Romero Pantoja y su familia fraguaron documentos para acaparar tierras en ese departamento y bajo esa modalidad aumentaron de 9.000 a 74.000 sus hectáreas. Supuestamente, solicitaron la anotación de 30.000 hectáreas, cuando sólo tenían 9.000, y luego presentaron la copia del expediente agrario de uno de sus predios (ambos son El Chapaco y El Rincón) y lo hicieron pasar como el original del otro. “No sé el número de hectáreas que tengo —admitió Romero—, pero no deben de pasar de las 30.000 en toda la familia. El Chapaco, El Rincón, Bellavista son propiedades de casi 40 años de antigüedad… y nos veremos en los estrados judiciales”. Almaraz ratificó que existen pruebas contra Romero Pantoja y señaló que el único propósito de los estatutos autonómicos es “encubrir y preservar el latifundio agrario”.