El Gobierno denunció ayer tres casos de tráfico de tierras en Beni por una extensión de 187.000 hectáreas. Frente a esto, determinó desalojar a los menonitas asentados de forma presuntamente irregular y remitir a la Fiscalía a 22 personas involucradas en estos hechos, entre ellas un senador del MNR, dos empresarios brasileños, dos ex autoridades del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y el Alcalde de San Javier. El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, deploró esos hechos y anunció que el Estado reforzará su trabajo para evitar fraudes y acelerar la entrega de tierras a los campesinos. Según la denuncia, en el primer caso está involucrado el senador suplente del MNR Fernando Romero Pantoja, quien supuestamente tenía dos predios (El Chapaco y El Rincón) con una extensión de 9.000 hectáreas, pero a través de documentos supuestamente fraguados denominados “expedientes voladores” (porque se introducían datos de un predio en el archivo de otro) apareció con 74.000 hectáreas. Este diario trató de conversar con él, pero en la bancada de su partido informaron que Romero dará una conferencia hoy en la mañana para explicar su posición. De acuerdo con la acusación, en el segundo caso, el empresario Vladimir Martins y un ciudadano brasileño de apellido Mesomo se beneficiaron de forma irregular con 27.000 hectáreas. En el tercero, miembros de la comunidad menonita adquirieron 85.000 hectáreas en condiciones similares a la anterior. Almaraz precisó que los tres hechos están relacionados entre sí por la continuidad geográfica —se encuentran en la provincias Cercado, Mamoré, Marbán e Iténez, de Beni— y porque los ex directores del INRA Pablo Greminger Cortés y Omar Paul Vaca Angulo ayudaron, según la denuncia, a consolidar el “fraude”, ya que “socaparon” el reconocimiento de tierras fiscales posteriores a 1996, pese a que la anterior Ley INRA las declaró ilegales. El Viceministerio del rubro precisó que en los tres trámites se hallaron fotocopias sin valor legal, documentos duplicados o viciados de nulidad (haciendas “clonadas”), expedientes agrarios de predios que no existen (haciendas “fantasma”) y de sitios ubicados a varios kilómetros del área demandada (“voladores”). Caso Romero Pantoja Según Almaraz, en el primer hecho, Romero Pantoja acaparó de forma gradual terrenos contiguos a su propiedad (Tanzania, Bella Vista, Yatoba, Santa Elena, La Loma de Louis) gracias al saneamiento de tierras y luego incluso se extendió más allá de éstos, hasta 80 kilómetros (ver cuadro). Almaraz contó que para ello utilizó “los expedientes voladores”, que, dijo, es un “modus operandi generalizado” entre los traficantes y que también lo usó la familia del cívico cruceño Branko Marinkovic en los predios Yasminka y Laguna Corazón. Esa modalidad consiste en adquirir los expedientes de un predio, luego se adulteran los datos de ubicación geográfica y se los acomoda a un otro terreno que se quiere acaparar. El Viceministro precisó que Romero acreditó que tenía un predio con la presentación de la fotocopia de otro terreno que hizo pasar como un papel original. Polígono Martins En 2000, la familia Martins solicitó el saneamiento de 27.000 hectáreas que estaban supuestamente baldías y que distintas organizaciones pidieron que se las otorgaran. “El fraude radica en que se utilizó documentación falsificada; cuando se solicita el saneamiento, no se incorporan antecedentes agrarios. Se hace un pedido de convalidación de tierras que rechaza el INRA”. En 2004, Martins ratificó la solicitud, la entidad avaló los documentos y el Consejo Nacional de Reforma Agraria le asignó partidas. “Lo extraño es que se dejaron registros en libros que fueron cerrados, pero que de alguna manera sospechosa son reabiertos en 1992, cuando se transcriben sospechosamente sentencias agrarias sin contar con una firma de los jueces agrarios como correspondía. Hay un conjunto de indicios de falsedad ideológica”. Almaraz presume que, como esas irregularidades se dieron antes de que Martins y su compatriota Mesomo (no dieron su nombre de pila) adquiriesen el terreno, los dueños anteriores alteraron los papeles. “Estas dos personas habrían comprado los predios de la familia Moisés Justiniano y Alí Moisés, quienes aparentemente son autores de la tramitación fraudulenta, quienes transfirieron estos antecedentes agrarios fraudulentos a empresarios brasileños”. Convenio sobre los predios El último caso se refiere a un “convenio entre el INRA de Beni y el municipio de San Javier”. La superficie en juego asciende a 85.000 hectáreas, donde los menonitas se asentaron y constituyeron lo que se llama “comunidad campesina Río Negro”. El Viceministro precisó que el convenio que benefició a los menonitas se dio a espaldas y pese al rechazo de la Presidencia Ejecutiva del INRA. Según el Gobierno, el asentamiento es ilegal y los menonitas reconocen esa situación y aducen que los lugareños —no precisaron quiénes— “les vendieron esas tierras que son del Estado boliviano, son tierras fiscales”. En el resto del área, dijo Almaraz, se encuentran las comunidades Nueva América y Villa Nazareth, y el saneamiento definirá el área que le corresponde. Los denunciados CASO ROMERO PANTOJA Fernando Romero Pantoja Julio Romero Pantoja Delitos: falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado Alfredo Tababari Arteaga Keiner Román Hurtado Rubén Santos Cruz Marfa Nátaly Castellón Robin Gómez Gutiérrez Delitos: complicidad y falsedad Ex Director del INRA Beni Omar Paul Vaca Angulo Delitos: complicidad, uso indebido de influencias y falsificación de documentos privados FUENTE: VICE. DE TIERRAS CASO MARTINS Wálter Alí Parada Fidelia Moisés Justiniano de Alí Clarien Walkira Alí Moisés Wálter Omar Alí Moisés Walner Walán Alí Moisés Delitos: falsedad material y uso de instrumento falsificado Ana María Melgar Cholima Delitos: complicidad y falsedad material CASO POLÍGONO 106 Pablo Greminger Cortés, ex director del INRA Beni José Antonio Melgar Bowlin, alcalde de San Javier, por uso indebido de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones.
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