Al contrario de los temas políticos —el apoyo o rechazo al Gobierno, el Sí o el No a la nueva Constitución—, en los que se evidencia una clara contraposición entre el llano y el altiplano y entre las áreas rural y urbana, la división no alcanza a la postura ante la tenencia de tierras.Ninguna propiedad agrícola en el país podrá exceder las 5.000 hectáreas de extensión, según lo decidió ayer el 78 por ciento de los electores bolivianos en el referéndum dirimente.
Sólo el 22 por ciento, según los datos de conteo rápido de la empresa encuestadora Equipos Mori, opinó que este límite debía ser de 10.000 hectáreas. El margen entre una y otra opción es tan amplio que evidencia una visión común tanto en el oriente como en el altiplano, en el área rural como en las ciudades y entre afines y opositores al Gobierno de Evo Morales.
Además de decidir la aprobación o rechazo del proyecto de Constitución Política del Estado (CPE), los poco más de 3,8 millones de ciudadanos habilitados para votar ayer en todo el país definieron la redacción específica del artículo 398 de la Carta Magna que prohíbe el latifundio y norma su definición y márgenes.
Las cifras señalan que ni siquiera en los cuatro departamentos de la denominada “media luna” —Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, regiones donde se ubican la mayoría de las propiedades agropecuarias— la población es partidaria de permitir un área mayor a los terratenientes.
De 15 provincias en Santa Cruz, sólo en una, Ángel Sandóval, ganó la opción de 10.000 hectáreas; en Beni, siete de ocho provincias apoyaron el tope de 5.000 y sólo Iténez optó por la otra alternativa.
Las cinco provincias de Pando se decantaron por la cifra menor y en Tarija sólo una región, la provincia O’Connor, mostró una paridad exacta
—50 por ciento por 5.000 y otro tanto por 10.000—, pues las otras cinco apuntaron a la primera cantidad.
En Chuquisaca —departamento en el que también se registra un alto índice de opositores a la CPE promovida por el Gobierno—, diez de 11 provincias dispusieron un límite máximo de 5.000 hectáreas y en una —Juana Azurduy de Padilla— se dio un empate.
Siempre de acuerdo con los datos de equipos Mori, 19 de las 20 provincias paceñas avalaron el límite menor, contra la solitaria decisión de los habitantes de Loayza.
También en Oruro hubo una sola provincia —Carangas— entre las 16 que consideró acertado permitir propiedades de 10.000 hectáreas. Todas las regiones de Cochabamba (16) y Potosí (15) votaron por el tope de 5.000 hectáreas. Aunque en este último departamento Mori no incluyó los datos de la decimosexta provincia Sud Lípez.
Al interpretar estos resultados se evidencia que la opción más permisiva para el latifundio (hasta 10.000 hectáreas) ganó en sólo cuatro de las 113 provincias del país —dos del oriente: Ángel Sandóval de Santa Cruz e Iténez de Beni; y dos del occidente: Carangas de Oruro y Loayza de La Paz—, en otras dos se dio un empate: Juana Azurduy de Padilla de Chuquisaca y O’Connor de Tarija, y debido a la lejanía y escaso transporte, aún no se conoce la decisión de Sud Lípez en Potosí.
DETALLES
78 de cada 100 electores de todo el país avalaron el tope de 5.000 hectáreas.
En Chuquisaca, la opción fue de 77 a 23% a favor del límite de extensión menor.
El 84% de los paceños apostó por 5.000 hectáreas contra sólo el 16%.
DATOS ELECTORALES
Por permitir 10.000 hectáreas votaron 19% en Cochabamba, y 81% por 5.000.
Tanto en Pando como en Santa Cruz la relación fue de 35% por 10.000 y 65% por 5.000.
El 80% del electorado orureño fue por 5.000 hectáreas contra el 20%.
76 de cada 100 potosinos fijaron el límite menor contra un restante 24 por ciento.
En Beni, la relación fue de 68% por 5.000 contra 32% por 10.000, y en Tarija de 67% a 33%.
Sólo cuatro de 113 provincias en todo el país optaron por permitir hasta 10.000 hectáreas de tierra.
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