Página Siete.- La soya sigue siendo el principal producto agropecuario en el oriente. ¿Hay dificultad para producir otros?
(ST).- Producimos soya pero también muchos otros. El producto de mayor mercado es la soya, cuya producción tiene diversos usos, y también el girasol; los otros productos son mayormente para consumo interno: el sorgo, por ejemplo, está destinado a la alimentación de los pollos y el ganado. También el maíz y el arroz son fundamentales.
Lo principal es que nosotros trabajamos bajo un sistema de rotación de cultivos, es decir, que no se puede sembrar sólo un producto, sobre todo para mejorar los suelos para que sigan produciendo; una vez que cosechamos la soya, sembramos el cultivo de invierno que es el girasol, el sorgo y el trigo. El sorgo da lo que la soya le extrae al terreno, el nitrógeno. El sorgo lo remplaza y viceversa. Esta rotación impide que se degrade el terreno.
Página Siete.- ¿Cuál es la situación del maíz, que siempre se ha mencionado como un producto sensible porque tiene relación con la seguridad alimentaria?
(ST).- En época de cosecha, el precio del maíz por quintal llega a 32 y 33 bolivianos en Santa Cruz, cuando debería estar en 70 bolivianos, aproximadamente. Este año hemos tenido los precios bajos que cito (debido a sobreproducción y prohibición de exportar, NdE) y esto ha ocasionado grandes pérdidas para los productores. La empresa del Gobierno Emapa ha comprado el maíz en 71 bolivianos el quintal, pero la capacidad de compra de Emapa es muy reducida. Esto puede desincentivar la producción hasta llegar a un punto en que no haya producción de este producto.
(GR).- Todo este problema tiene su origen en el concepto de soberanía alimentaria, que no es lo mismo que seguridad alimentaria. Este último concepto consiste en tener asegurado el producto en el mercado a un precio razonable, pero sin importar el origen de la producción, que incluso puede ser la importación. La consecuencia de esto es que puede darse que los precios sean tan bajos que desincentiven a los productores bolivianos y esto pasó con el maíz.
La consecuencia es que al bajar la producción boliviana se importa más producción extranjera, y para mantener un precio justo o razonable terminamos subsidiando al productor extranjero.
Lo que se debe lograr es la soberanía alimentaria, con políticas públicas que apoyen el esfuerzo de los productores nacionales.
El 30% del maíz, el 17% del aceite de soya, el 5% del aceite de girasol son suficientes para el mercado interno y el resto tiene que exportarse. Si el Gobierno no deja sacar los excedentes, los silos se saturan, viene la nueva cosecha y si no hay dónde acopiar, el productor está endeudado. ¿Cómo puede así generar su liquidez si tiene que vender al precio (de pérdida) que le paguen?
Página Siete.- ¿Cómo ve el IBCE la política gubernamental de restricción a las exportaciones y a la vez de compra de los productos nacionales a precios por encima del mercado, en una virtual subvención?
(GR).- Nosotros vemos en el Gobierno buenas intenciones, pero no siempre una buena intención se traduce en una buena política, pero si eso ayuda al pequeño productor, enhorabuena, pues ello lleva a consolidar nuestra soberanía alimentaria.
Después de décadas, Bolivia hace un año tuvo que importar azúcar, maíz, cosa que antes no sucedía porque había el esfuerzo de los agricultores de todo el país e incluso de gente que vino del exterior y que nos han enseñado la agricultura a escala con tecnología y biotecnología.
Por otra parte, que el Gobierno busque tener los productos a precios razonables o bajos en las ciudades está bien, mientras eso no vaya en desmedro del productor.
Desde nuestro punto de vista institucional, la política gubernamental debería tender a alentar la producción que, como consecuencia de la oferta y la demanda, los precios bajen a los niveles deseados. Y que el productor pueda resarcirse con la exportación.
Página Siete.- ¿Qué casos puede usted mencionar de distorsión del mercado con importaciones que terminaron siendo negativas para la producción nacional?
(GR).- Dos en particular y que en el IBCE las denominamos “lecciones aprendidas”. El primero, hace unos tres años cuando se fijó un precio extremadamente bajo para el maíz boliviano que desincentivó al productor que tuvo que cambiar sus plantaciones, el Gobierno tuvo que importar maíz del Mercosur, un maíz transgénico.
El otro caso ocurrió con el azúcar: en 2010 el Gobierno fijó un precio de 3,60 por kilo. Entonces el producto salió de contrabando hacia Perú en grandes cantidades; se corrigió el precio a 4,30, pero se dio la voz de alarma que la producción no iba a alcanzar porque el producto estaba saliendo de contrabando. Se tuvieron que importar 90.000 toneladas de azúcar y se gastaron 80 millones de dólares. Se volvió a favorecer a productores extranjeros.
En la reciente inauguración de la Feria Exposición de Santa Cruz, el Vicepresidente del Estado ponderó la tarea del agro en el oriente, que aporta más del 70% de los alimentos que consumimos los bolivianos, y llamó a invertir y ampliar la frontera agrícola.
De los 105 millones de hectáreas en el país, 30 millones tienen vocación agrícola y sólo producimos 2,9 millones de hectáreas. Y en Santa Cruz están 2,2 millones, entonces la capacidad para crecer existe.
Si tenemos que ampliar a cuatro o cinco millones de hectáreas la frontera agrícola, hay que hacerlo, dijo García Linera; pero, dónde queda ese discurso con las nuevas determinaciones de la Ley de Tierras de que se tiene que minimizar la expansión de la frontera agrícola, de que no se tiene que utilizar biotecnología, cuando el boom de la soya mundial tienen que ver con el uso de la biotecnología.
Es criticable la decisión del Gobierno de oponerse a los agrocombustibles cuando Bolivia se ha convertido en un dependiente de la importación de diésel fósil. Es un error porque podríamos tener nuestro propio biodiésel renovable, ahorrando los 800 millones de dólares anuales que se invierten para esta compra. Y, además, sin contaminación.
Por todo esto, estamos sorprendidos y preocupados porque la ley de tierras no fue totalmente consensuada.
Página Siete.- El Gobierno, a pesar de haber mantenido un discurso negativo al uso de los transgénicos, introduce en la ley un artículo que no es tan taxativo contra éstos, pues habla de una gradualidad y no fija tiempos, ¿qué opina?
Con la soya no tenemos problemas, está autorizado y normado el uso del glifosato asociado, lo que permite ahorrar agua y mejorar la producción, además que no se utiliza diésel. Pero la señal que da la ley es que esto tendría que retroceder.
También la ley habla de prohibiciones de uso de transgénicos en aquellos productos en los que Bolivia sea centro de origen o de diversidad. Entonces, eso sí es una prohibición. Por ejemplo, qué va a pasar con el maíz.
El IBCE tiene un planteamiento: Bolivia tiene una capacidad de producción diversa, por ello se puede regionalizar la política, es decir, maíz orgánico en el valle y altiplano, y en el oriente transgénico, es decir la biotecnología al servicio del hombre. También se puede utilizar esta tecnología en el algodón.
Con todos los cambios climáticos, con la variedad de plagas que han aparecido, es imposible pensar que se puede seguir con la producción convencional, orgánica, sobre todo si queremos una producción a escala.
Brasil lo hace con el maíz, el algodón transgénico e incluso con el frejol, que es su principal alimento. También lo hace Cuba, hasta con la caña de azúcar; lo hacen los paraguayos y argentinos y unos 30 países, ¿por qué no Bolivia?
Página Siete.- ¿Por qué hay oposición del Gobierno al uso del transgénico?
(GR).- Creo que es una posición interesada y que forma parte de ciertos mitos, que han ido cayendo y que pertenecen a las ONG; estas organizaciones no han podido probar científicamente el supuesto daño que hacen estos productos, pero siguen persistiendo con su posición antitransgénicos.
Productores de base del oriente piden flexibilizar restricciones a la exportación
Los productores de base de Santa Cruz han expresado su preocupación por las restricciones impuestas por el Gobierno a las exportaciones de los productos agropecuarios, que ocasionan fuertes pérdidas sobre todo a los pequeños productores de granos, según Susano Terceros, representante de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (Anapo).
Terceros, un productor de base y que comenzó a los diez años su vida en los cultivos, tras emigrar de Cochabamba a Santa Cruz, dijo sobre la restricción a las exportaciones que “el Gobierno tiene sus razones (asegurar el mercado interno), pero sería importante que también se conozcan los problemas que estas medidas ocasionan a la producción, por ejemplo, con la saturación de los centros de acopio”.
De acuerdo con la explicación del productor, el problema que se crea con la restricción es enorme porque el pequeño agricultor produce y tiene que ver, con celeridad, la comercialización ante la falta de espacios para almacenar los granos.
“En la última campaña de invierno hemos sufrido este problema, sobre todo con el sorgo y el girasol, y nos hemos visto obligados a vender nuestros productos a precios muy bajos. Por ello esperamos del Gobierno sensibilización en su política de restricción de las exportaciones”, expresó Terceros.
El productor afirmó que con el girasol, en la última campaña, se tenían sembradas unas 300 mil hectáreas en todo el departamento y se estimaba una producción récord, pues comenzó a llover en su debido tiempo, pero llovió tanto que bajaron las expectativas. Una parte de esa producción se recibió en los silos, pero no así la del sorgo, cuya producción tuvo que ser almacenada en inadecuados “silos de bolsa”, con las consecuencias que esto supone.
“El drama es que no podemos aguardar largos periodos con los granos, pues tenemos obligaciones inmediatas de pago con las casas comerciales, los insumos, la maquinaria, porque todo lo que nosotros trabajamos es al crédito”, concluyó Terceros.
http://www.paginasiete.bo/2012-10-28/Nacional/Destacados/04-05entrevista-001-1028.aspx
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