El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) tiene identificadas más de tres millones de hectáreas, en siete departamentos del país, los cuales serán distribuidos de acuerdo con lo que establece la normativa agraria y la nueva Constitución Política del Estado (CPE).El director nacional del INRA, Juan Carlos Rojas, informó de que de los 3,2 millones de hectáreas de tierras fiscales que hay en el país, Santa Cruz y La Paz, principalmente en el norte, son las que concentran la mayor cantidad, con 1,09 y 1,04 millones, respectivamente.
Oruro y Cochabamba son los únicos departamentos que no tienen tierras fiscales disponibles.
Por otra parte, Rojas indicó de que en 2008 se distribuyeron 246.458 hectáreas en cinco departamentos (La Paz, Pando, Santa Cruz, Tarija y Beni), lo que sumado a las tierras distribuidas entre 1996 y 2007 suman 981.155 hectáreas.
No quiso especificar en qué provincias estaban las tierras fiscales, para evitar que personas inescrupulosas puedan realizar tomas.
Manifestó que este año continuarán distribuyendo tierras fiscales.
“No tenemos definido un lugar específico para trabajar. Lo haremos en función a las demandas que tengamos y al análisis que se haga de las mismas”.
Con relación a la forma de distribución, indicó que la actual CPE da preferencia a campesinos, indígenas y originarios que no tienen tierra o que la tienen de manera insuficiente. “Lo que se hace primero es cubrir la demanda que se tiene en la región, para luego cubrir la demanda que existe a escala nacional”, puntualizó.
Sobre el particular, el presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, afirmó que entre el jueves o viernes de la próxima semana se reunirá la Central Interinstitucional de Tierras Comunitarias de Origen (Citco) para recibir un informe del INRA sobre la cantidad de tierras fiscales existentes en el país y las provincias en las cuales se encuentran ubicadas.
“Una vez tengamos toda la información, los representantes de los diferentes pueblos indígenas harán conocer sus demandas y pediremos que primero se satisfagan las demandas de los del lugar”, apuntó Chávez.
A su turno el asesor de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Luis Baldomar, criticó que la nueva CPE no permita que los campesinos puedan acceder de manera individual a la tierra y que necesariamente lo tengan que hacer de manera colectiva.
“La otra gran preocupación que nos genera es que margina a los lugareños, porque en el artículo 395 da preferencia a los indígenas originarios campesinos, a las comunidades interculturales originarias, afrobolivianos y comunidades campesinas que no posean tierra o la posean de manera insuficiente, lo cual no sucedía con la anterior Constitución, que daba preferencia de dotación a los nacidos en el lugar”, indicó.Alistan resoluciones para Alto Parapetí
La próxima semana se emitirán las resoluciones finales de saneamiento de los polígonos 3 y 4 de la TCO Alto Parapetí, dijo el director nacional del INRA, Juan Carlos Rojas.
Informó de que sólo los propietarios de los predios Andrea y Anguarenda-Tacete presentaron observaciones al trabajo de saneamiento.
Sin embargo, el abogado de los propietarios de los predios Caraparicito y San Isidro, Germán Lacio, desmintó esta versión indicando que presentaron la impugnación el sábado ante la notaria de Fe Pública, Gaby Caballero, que confirmó que la presentó ante el INRA el lunes pasado, a las 8:40.
Cabe señalar que son diez los predios afectados, que representan unas 36.000 ha.
Oruro y Cochabamba son los únicos departamentos que no tienen tierras fiscales disponibles.
Por otra parte, Rojas indicó de que en 2008 se distribuyeron 246.458 hectáreas en cinco departamentos (La Paz, Pando, Santa Cruz, Tarija y Beni), lo que sumado a las tierras distribuidas entre 1996 y 2007 suman 981.155 hectáreas.
No quiso especificar en qué provincias estaban las tierras fiscales, para evitar que personas inescrupulosas puedan realizar tomas.
Manifestó que este año continuarán distribuyendo tierras fiscales.
“No tenemos definido un lugar específico para trabajar. Lo haremos en función a las demandas que tengamos y al análisis que se haga de las mismas”.
Con relación a la forma de distribución, indicó que la actual CPE da preferencia a campesinos, indígenas y originarios que no tienen tierra o que la tienen de manera insuficiente. “Lo que se hace primero es cubrir la demanda que se tiene en la región, para luego cubrir la demanda que existe a escala nacional”, puntualizó.
Sobre el particular, el presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, afirmó que entre el jueves o viernes de la próxima semana se reunirá la Central Interinstitucional de Tierras Comunitarias de Origen (Citco) para recibir un informe del INRA sobre la cantidad de tierras fiscales existentes en el país y las provincias en las cuales se encuentran ubicadas.
“Una vez tengamos toda la información, los representantes de los diferentes pueblos indígenas harán conocer sus demandas y pediremos que primero se satisfagan las demandas de los del lugar”, apuntó Chávez.
A su turno el asesor de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Luis Baldomar, criticó que la nueva CPE no permita que los campesinos puedan acceder de manera individual a la tierra y que necesariamente lo tengan que hacer de manera colectiva.
“La otra gran preocupación que nos genera es que margina a los lugareños, porque en el artículo 395 da preferencia a los indígenas originarios campesinos, a las comunidades interculturales originarias, afrobolivianos y comunidades campesinas que no posean tierra o la posean de manera insuficiente, lo cual no sucedía con la anterior Constitución, que daba preferencia de dotación a los nacidos en el lugar”, indicó.Alistan resoluciones para Alto Parapetí
La próxima semana se emitirán las resoluciones finales de saneamiento de los polígonos 3 y 4 de la TCO Alto Parapetí, dijo el director nacional del INRA, Juan Carlos Rojas.
Informó de que sólo los propietarios de los predios Andrea y Anguarenda-Tacete presentaron observaciones al trabajo de saneamiento.
Sin embargo, el abogado de los propietarios de los predios Caraparicito y San Isidro, Germán Lacio, desmintó esta versión indicando que presentaron la impugnación el sábado ante la notaria de Fe Pública, Gaby Caballero, que confirmó que la presentó ante el INRA el lunes pasado, a las 8:40.
Cabe señalar que son diez los predios afectados, que representan unas 36.000 ha.
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