La actividad es controlada a través de monitoreos satelitales implementados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), que recaban diariamente los focos de calor en el país. El último informe de esta entidad señala que el año pasado, las quemas ilegales se redujeron en 44% con relación a 2010: de 33.732 a 59.962, que afectaron a 4,8 y 3,3 millones de hectáreas, respectivamente.Los departamentos más afectados son Santa Cruz y Beni, con 16.379 y 13.929 focos de calor que involucraron a 1,5 y 1,4 millones de hectáreas, respectivamente (más datos en la infografía). El 40% de la superficie fue perjudicada por actividades ganaderas (15.665 focos de calor), el 28% ocurrió en Tierras de Producción Forestal Permanente (10.887), el 15% en reservas forestales (6.078), el 11% fue avasallada por la agricultura (4.534) y el restante 6% se produjo en áreas protegidas (2.404).
legalidad. A la par, casi se duplicaron las autorizaciones para la quema de pastizales en el territorio nacional. El año pasado, la ABT entregó 249 avales en áreas de uso ganadero intensivo con una superficie de 115.223 hectáreas: 225 beneficiaron a Beni, 22 a Pando, dos a Santa Cruz y uno a La Paz; mientras que hace dos años se aprobó 137 autorizaciones para el chaqueo de 81.367 hectáreas: 100 en Beni y solamente 27 en Santa Cruz.
No obstante, de acuerdo con el informe de 2010 de la repartición fiscalizadora del rubro, “las actividades productivas que anualmente realizan quemas como parte de su sistema productivo, son la ganadería vacuna, el cultivo de caña de azúcar y los agricultores que habilitan parcelas y barbechos en temporada de estiaje. Más del 95% de las quemas en el país son ilegales, lo que ratifica la tendencia de los actores a la informalidad y revela la incapacidad del Estado para controlar estas actividades”.
Los chaqueos son motivo de preocupación por sus efectos para el ecosistema y la salud humana, sobre todo para el sistema respiratorio, los ojos y la piel de los seres humanos. Los daños son irreparables, comenta el director del Sistema de Alerta Temprana del Beni, Luis Phillips. “Se está desertificando la tierra porque se queman grandes pastizales y todos los minerales que viven en ella. La tierra se endurece y se vuelve carbón o cenizas, que en la época de lluvias se convierte en químico que va directamente a las aguas, lagunas y orillas de los ríos contaminando directamente el sistema hídrico y la fauna piscícola”.
Los ganaderos son los responsables principales de la mayoría de los chaqueos ocurridos el año pasado. “No solamente prendemos fuego nosotros, hay gente que va a cazar y prende fogatas y una brasa, por el viento y el calor, se puede trasladar hasta dos kilómetros y ocasionar incendios“, explica el gerente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Héctor Sandoval. Arguye que la práctica es preocupante e incontrolable, pero necesaria. “Los ganaderos tienen la costumbre de quemar, pero sólo en determinadas fechas”.
Asimismo, surge una pregunta: ¿por qué un 6% de las quemas se dieron en áreas protegidas, que deberían ser territorios intocables? Álvaro Báez, responsable del Sistema de Protección del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), explica que en varias ocasiones se generaron incendios en lugares donde no se puede ingresar fácilmente e informa que en estas zonas hay otros focos de calor que son activados cuando la vegetación se reseca demasiado. Con todo, estima que los chaqueos en estos predios se redujeron en más de un 50% en los últimos años.
En cuanto a los Planes de Desmonte permitidos por la ABT para la ampliación de las labores agrícola y agropecuaria, que sirven para habilitar un terreno para la siembra, la crianza de animales, la construcción de fajas cortafuegos, vías de transporte, instalación de líneas de comunicación y de energía eléctrica o para erradicar plagas y enfermedades que atacan a los cultivos, igual hubo un incremento de más del 40%.
El año pasado, la ABT dio 3.587 autorizaciones para que se desmonten 29.370 hectáreas, cuando en 2010 aprobó 2.493 documentos para 37.783 hectáreas. El mayor número de avales fue para el departamento de Santa Cruz, con 1.147 (para 21.397 hectá-reas), seguido por La Paz, con 848 autorizaciones; Pando, con 631; Beni, con 538; Chuquisaca, con 252; Tarija, con 92 y Cochabamba, con 79. Y en este listado, un caso que llama la atención de las autoridades es La Paz.
Esta región, hace dos años, ocupaba el tercer puesto en cuanto a solicitud de Planes de Desmonte, pero ahora figura en el segundo y duplicó sus peticiones, de 456 a 848. Y se maneja que el alza se deba a los “desmontes fantasma” empleados por clanes familiares que hacen una petición para desmontar áreas que no tienen árboles y que, por su lejanía, no pueden ser fiscalizadas por los funcionarios de la ABT. Posteriormente, utilizan los certificados forestales para el “lavado” de la madera ilegal extraída de otros sitios de La Paz o inclusive de otros departamentos.
El documento de la ABT especifica que el año pasado, las autorizaciones de desmontes menores a cinco hectáreas de bosques representaron el 53% del total (3.587), que involucraron a una superficie de 15.424 hectáreas, mientras las autorizaciones para superficies mayores a cinco hectáreas representaron el 44%.
Estas cifras reflejan que “las medidas de flexibilización adoptadas (...) han posibilitado el mayor acceso al bosque por parte de las comunidades en general”, porque 3.029 de las 3.587 autorizaciones recayeron en comunidades campesinas e indígenas, 1.042 fueron para propietarios privados y sólo una para una concesión minera.
A la par, ¿qué pasa con los árboles que se talan para habilitar un terreno? Cliver Rocha, ejecutivo de la ABT, manifiesta que es posible que sean desviados al contrabando de recursos maderables. “Todo el mundo desmonta y lo malo es que el chaco se convierte en fuente de provisión de madera (ilegal). Es que ya no les interesa (a los que realizan los desmontes) la tierra, sino vender la madera en árbol parado”.
Norma. Para disminuir los chaqueos y desmontes ilícitos, la ABT propuso hace dos años un anteproyecto de Ley de Emergencia para la Protección de Bosques y Tierras, con el objetivo de aumentar la multa por las quemas no autorizadas: de 0,20 centavos de dólar por hectárea sobre la superficie total del predio a 50 UFV (Unidad de Fomento a la Vivienda).
La iniciativa no prosperó hasta el momento y ahora el Ministerio de Medio Ambiente y Agua apunta hacia una nueva Ley Forestal que busca el consenso de campesinos, indígenas, autoridades, empresarios y otros sectores relacionados con el tema.
Informe La Razón solicitó un borrador de la normativa por más de una semana, incluso una entrevista, empero, no obtuvo respuesta por parte de esta repartición gubernamental.
El problema no se solucionará con el incremento de multas, opina Rodolfo Machaca, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. “Los campesinos e indígenas deben asumir conciencia y manejar adecuadamente Planes de Manejo Forestal, porque ahora se chaquea el doble de hectáreas autorizadas”, denuncia, y adiciona que estos planes tienen que actualizarse de acuerdo con la nueva Ley Forestal que está en proceso de diseño.
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