La nueva Constitución Política del Estado (CPE) pone desafíos a las autoridades de gobierno, tanto nuevas como ratificadas, y en el caso de la minería se anuncia una reunión con el sector para analizar la transición al nuevo modelo de gestión económica.Según ANF, para este mes está anunciado un encuentro con los distintos actores de la minería, precisamente, para concertar la nueva ley minera, de acuerdo con el anuncio del director General del sector, Freddy Beltrán.
Para el ex ministro de Minería, Jorge Espinoza, la nueva Constitución Política del Estado ocasionará el colapso definitivo de la minería boliviana, pues será la culminación de la política anti inversión del Gobierno, empeñado en darle el control de la minería a Comibol, que fracasó antes estrepitosamente en el manejo de las minas nacionalizadas y fracasa ahora en Huanuni, y en la fundición de Vinto, las únicas dos operaciones mineras que maneja.
Las medidas anteriores a la nueva Constitución empezaron con la reversión al dominio del Estado de la fundición de Vinto el 9 de febrero de 2007, mediante Decreto Supremo (DS) 29026 de 7 de febrero de 2007. Siguió el DS 29117 de 1º de mayo de 2007, que declaró reserva fiscal a todo el territorio nacional, otorgó su manejo a Comibol y prohibió el otorgamiento de nuevas concesiones. Finalmente promulgó la Ley 3787 de 24 de noviembre de 2007, relativa al nuevo sistema impositivo minero, convirtiéndolo en uno de los menos atractivos del mundo, que estuvo inspirado sólo en la coyuntura de los precios de minerales excepcionalmente elevados, cuya caída está poniendo ahora en dificultades económicas a los productores mineros.
La actual CPE establece en el Artículo 349 punto I que “los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo” y en la Octava Disposición Transitoria punto III que “Las concesiones mineras otorgadas a las empresas nacionales y extranjeras con anterioridad a la promulgación de la presente Constitución, en el plazo de un año, deberán adecuarse a ésta, a través de los contratos mineros”.
El panorama se ve incierto en el sector, y las nuevas disposiciones sólo provocarían mayor retraso en el desarrollo del sector. Las exploraciones paralizadas y rezagadas en comparación a las que realizan los países vecinos.
DESAFÍOS
“Tenemos un desafío muy grande”, dijo el ratificado Ministro de Minería y Metalurgia, Luis Alberto Echazú y señaló que la tarea es “empezar a estructurar un nuevo Estado y aplicar la nueva Constitución Política del Estado en cada una de nuestras carteras”.
El chuquisaqueño Luis Alberto Echazú Alvarado llegó al Gobierno hace casi dos años. El 28 de marzo del 2007 juró como tercer Ministro de Minería y Metalurgia, sustituyendo a Guillermo Dalence.
Después de jurar como autoridad ratificado, Echazú puntualizó que de aquí en adelante “son desafíos realmente históricos que nos compromete a trabajar cada día más”.
En el Ministerio de Minería están en proceso de definición de la nueva ley sectorial para cambiar la modalidad de las operaciones mineras en el país, para lo cual la totalidad de operadores deberán suscribir contratos con el Estado, que estará representado por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
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