Desaparecería la Superintendencia Forestal que tiene rangos de Ministerio, bajando su categoría a un apéndice de uno de éstos; con ello, se perderían 12 años de avance, logros y respaldo a un modelo de desarrollo sostenible.De acuerdo a información publicada en HoyBolivia.com, el Gobierno declaró que “con la promulgación de la nueva Carta Magna, el Estado plurinacional generará mayor ahorro y menor burocracia en la estructura reformulada del Gabinete ministerial que acoge en distintas carteras a las Superintendencias”.
En el caso de la Superintendencia Forestal de Bolivia, el argumento de generar “mayor ahorro” no se aplica, ya que la actividad productiva forestal mantiene al ente estatal en su totalidad, a través de aportes directos provenientes de los empresarios y productores rurales forestales.
Tampoco aplica el argumento de procurar menor burocracia, ya que actualmente se tiene una entidad descentralizada, cuya sede principal se encuentra en Santa Cruz, un departamento eminentemente forestal. Con la subordinación del ente regulador a un Ministerio, todo el servicio se centralizaría en La Paz.
La SF fue creada con la Ley Forestal 1700 de junio de 1996, hace 12 años y medio, así surgió un modelo eficiente que brindó estabilidad funcionaria. El superintendente forestal duraba en el puesto seis años, alto nivel profesional, buenos salarios, escasa politización partidaria de los funcionarios, aceptable nivel de moralidad y buen nivel de descentralización hacia los departamentos productores.
La anunciada desaparición de la SF, que posee nivel de Ministerio y su reducción al tercer nivel de la Dirección de un Ministerio, significa: La pérdida de rango del sector en el órgano ejecutivo, el retorno del centralismo a La Paz, la designación de la máxima entidad forestal a cargo del Ministerio de turno que se cambian frecuentemente, la pérdida de estabilidad laboral y politización partidaria en la designación de los servidores públicos, retorno de la ineficiencia y corrupción, como ocurre en otros sectores intervenidos actualmente, como YPFB.
En cambio, sumado a la desaparición de la institución jurídica “concesión forestal” en la nueva CPE hunde al sector forestal en la más profunda incertidumbre, ya que pone en riesgo una estructura moderna y eficiente del Estado, que permitió a este sector avances importantes como: nueve millones de hectáreas bajo manejo sostenible que protege a los bosques de la desforestación, la certificación de dos millones de hectáreas de tierras forestales, participación social con más de 14 millones de hectáreas de TCO, crecimiento del sector productivo forestal que acumula alrededor de 90.000 empleos directos y 150.000 indirectos, notable mejoría de la imagen forestal de Bolivia en el mundo, la confianza de organismos internacionales para apoyar el sector privado, el aporte económico de la actividad al Estado a través de patentes, impuestos y generación de divisas, la provisión de madera para más de 16.000 industrias pequeñas, medianas y grandes, exportaciones de maderas y manufacturas por más de 120 millones de dólares anuales.
En el caso de la certificación forestal, sería grave la desaparición de este sistema de conservación de bosques con actividad productiva, ya que es el pasaporte con el que ingresan los productos forestales a los mercados más desarrollados.
Sin el Atpdea, sin preferencias arancelarias en la Unión Europea, sumada a la crisis internacional, la desaparición de la actividad económica forestal es inminente.
La Cámara Forestal de Bolivia, no encuentra justificativo para cambiar este modelo, dijo Gil.
EL DATO
APORTES. La Superintendencia Forestal permitió avances importantes como: Nueve millones de hectáreas bajo manejo sostenible que protege a los bosques de la desforestación, la certificación de dos millones de hectáreas de tierras forestales, participación social con más de 14 millones de hectáreas de TCO, crecimiento del sector productivo forestal que acumula alrededor de 90.000 empleos directos y 150.000 indirectos.
En el caso de la Superintendencia Forestal de Bolivia, el argumento de generar “mayor ahorro” no se aplica, ya que la actividad productiva forestal mantiene al ente estatal en su totalidad, a través de aportes directos provenientes de los empresarios y productores rurales forestales.
Tampoco aplica el argumento de procurar menor burocracia, ya que actualmente se tiene una entidad descentralizada, cuya sede principal se encuentra en Santa Cruz, un departamento eminentemente forestal. Con la subordinación del ente regulador a un Ministerio, todo el servicio se centralizaría en La Paz.
La SF fue creada con la Ley Forestal 1700 de junio de 1996, hace 12 años y medio, así surgió un modelo eficiente que brindó estabilidad funcionaria. El superintendente forestal duraba en el puesto seis años, alto nivel profesional, buenos salarios, escasa politización partidaria de los funcionarios, aceptable nivel de moralidad y buen nivel de descentralización hacia los departamentos productores.
La anunciada desaparición de la SF, que posee nivel de Ministerio y su reducción al tercer nivel de la Dirección de un Ministerio, significa: La pérdida de rango del sector en el órgano ejecutivo, el retorno del centralismo a La Paz, la designación de la máxima entidad forestal a cargo del Ministerio de turno que se cambian frecuentemente, la pérdida de estabilidad laboral y politización partidaria en la designación de los servidores públicos, retorno de la ineficiencia y corrupción, como ocurre en otros sectores intervenidos actualmente, como YPFB.
En cambio, sumado a la desaparición de la institución jurídica “concesión forestal” en la nueva CPE hunde al sector forestal en la más profunda incertidumbre, ya que pone en riesgo una estructura moderna y eficiente del Estado, que permitió a este sector avances importantes como: nueve millones de hectáreas bajo manejo sostenible que protege a los bosques de la desforestación, la certificación de dos millones de hectáreas de tierras forestales, participación social con más de 14 millones de hectáreas de TCO, crecimiento del sector productivo forestal que acumula alrededor de 90.000 empleos directos y 150.000 indirectos, notable mejoría de la imagen forestal de Bolivia en el mundo, la confianza de organismos internacionales para apoyar el sector privado, el aporte económico de la actividad al Estado a través de patentes, impuestos y generación de divisas, la provisión de madera para más de 16.000 industrias pequeñas, medianas y grandes, exportaciones de maderas y manufacturas por más de 120 millones de dólares anuales.
En el caso de la certificación forestal, sería grave la desaparición de este sistema de conservación de bosques con actividad productiva, ya que es el pasaporte con el que ingresan los productos forestales a los mercados más desarrollados.
Sin el Atpdea, sin preferencias arancelarias en la Unión Europea, sumada a la crisis internacional, la desaparición de la actividad económica forestal es inminente.
La Cámara Forestal de Bolivia, no encuentra justificativo para cambiar este modelo, dijo Gil.
EL DATO
APORTES. La Superintendencia Forestal permitió avances importantes como: Nueve millones de hectáreas bajo manejo sostenible que protege a los bosques de la desforestación, la certificación de dos millones de hectáreas de tierras forestales, participación social con más de 14 millones de hectáreas de TCO, crecimiento del sector productivo forestal que acumula alrededor de 90.000 empleos directos y 150.000 indirectos.
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